Conforme a su autocomprensión normativa, el derecho moderno se inspira en la idea de autonomía: los hombres sólo actúan como sujetos libres cuando no obedecen sino a las leyes que ellos mismos se han dado, basadas en con­vicciones comunes obtenidas en la comunicación y en la libre discusión. Un sistema jurídico realiza esa idea de autonomía, y cobra él mismo frente al poder social y la lucha por el poder político una autonomía que esté a la altura de esa idea, cuando los procedimientos institucionalizados tanto para la producción legislativa como para la administración de justicia garantizan una formación imparcial de la opinión y de la voluntad y hacen que tanto la política como el derecho queden embebidos de proce­dimientos que permitan el uso público de la razón; lo cual exige a su vez un medio social acostumbrado al razona­miento público y a un exigente ejercicio de la libertad. No puede haber autonomía del sujeto, ni derecho autó­nomo, no puede haber Estado de derecho, sin que la idea racional de democracia sea también una realidad.
Sin embargo, el cumplimiento de esa promesa sub­yacente en el derecho moderno nos parece hoy tan imposible, como imposible nos resulta el prescindir de ella. En la teoría política y la teoría del derecho se dividen el terreno posiciones que parecen tener muy poco que decirse. Se produce una tensión entre planteamientos puramente normativistas, que siempre corren el riesgo de perder el contacto con la realidad social en la reconstrucción que hacen del ideario básico de la modernidad política, y planteamientos sociológicos, que, ante la inge­nuidad de los planteamientos normativistas y ante una realidad social que parece desmentir sistemáticamente aquella idea, quisieran eliminar de sus conceptos básicos todos los aspectos normativos en un campo en que tal cosa acaba siendo imposible.
Habermas toma esta situación como una advertencia para no fijar la mirada en una sola dirección.