Es una necesidad indiscutible de toda sociedad organizada que existan órganos encargados de establecer, en nombre del Estado, cuáles son normas y sentencias válidas; de lo contrario, el derecho, lejos de ser un instrumento de orden y de libertad, no pasaría de ser un conjunto de exhortaciones que cada cual aplicaría caóticamente, según sus intereses, sus conveniencias y su poder.

Pero, para que esa necesidad se satisfaga, también es necesario que los jueces apliquen e interpreten racionalmente el derecho, de manera que los particulares sepan, usando, asimismo, reglas de razón, a qué atenerse y puedan distinguir por anticipado entre lo lícito y lo ilícito, prediciendo cuándo van a recibir tutela jurídica y cuándo se les aplicará una sanción.

Este libro representa una contribución invalorable en tal sentido, ya que la arbitrariedad -que aquí se estudia exhaustivamente rompe y niega la racionalidad del derecho y la predecibilidad de las sentencias. Demás está decir que las reglas extraídas de la jurisprudencia no tienen la certeza y la autoridad de las normas legislativas y, por tanto, pueden ser inestables y hasta caprichosas, al depender del criterio de los miembros de la Corte.

Es de esperar que éstos respeten el sentido de sus propias resoluciones y sean consecuentes con su propia jurisprudencia; es decir, que no incuban, ellos mismos, en arbitrariedad.

JUAN CARLOS MENDONÇA