En el Paraguay se viene desarrollando presurosa y desordenadamente desde los años 70 del siglo XX la agricultura empresarial conocida hoy como agronegocio, consistente en la producción de monocultivo intensivo y extensivo, con rubros como maíz, girasol, canola, trigo, caña dulce, arroz con riego y principalmente soja.

Este modelo de producción empresarial actualmente basado en la biotecnología, con utilización de semillas genéticamente modificadas, el uso de maquinarias agrícolas pesadas y gran cantidad de agrotóxicos, viene sustituyendo a los grandes bosques nativos de los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Canindeyú, Caazapá, Amambay, San Pedro y Concepción con los cultivos agrícolas de los rubros citados.

El acelerado avance de este sistema de producción acarrea problemas para ciertos sectores de la sociedad paraguaya, de manera directa para el campesinado y los pueblos indígenas. El sistema de producción empresarial choca con el modelo de producción tradicional de la población campesina e indígena, teniendo en cuenta que utiliza técnicas distintas y avanza sobre territorios que son de dicha población.

El afán de lucro que ostentan los impulsores del sistema empresarial de la producción agropecuaria, atropella directamente los territorios campesinos e indígenas donde se desarrollan relaciones sociales con un sistema de producción con características totalmente distintas a lo que persigue el agronegocio. El único propósito del modelo productivo empresarial es lucrar o acumular capital con la producción. En el sistema de producción campesino e indígena, se produce para el autoconsumo preferentemente y para el mercado en ciertos casos.

En los cuarenta años de vigencia, este choque entre dos modelos productivos ha generado muchos conflictos en el campo, principalmente una fuerte disputa por la tierra para el desarrollo de esos dos modelos. También, el avance acelerado y desordenado del modelo de producción empresarial, violenta los derechos de los campesinos e indígenas en la mayoría de los casos, en complicidad o a costa de la ineficiencia de las instituciones de control estatal.
Si bien Paraguay cuenta con una ley que regula la utilización de los agroquímicos en la producción agrícola Ley 3742/09 De Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrícola no prevé algunos aspectos que son motivo de conflicto; por otro lado, hay una debilidad o complicidad de las instituciones estatales, ante la abierta violación de esta norma de parte de los empresarios agrícolas.

Cabe señalar que el principal y mayor causante de los conflictos en el campo es la inobservancia de las normas por parte de los grandes productores y la poca o nula intervención de las instituciones estatales para la aplicación de las sanciones correspondientes a los infractores. El incumplimiento o violación de la norma señalada se convierte en atentado contra los derechos de los campesinos e indígenas, violentando principalmente sus derechos a la calidad de vida, de habitar en un ambiente saludable, a la alimentación, al trabajo y a la salud.

A partir de esta problemática que se genera con el desarrollo de los dos modelos productivos señalados, en algunos municipios de Paraguay han surgido iniciativas para hacer frente al problema. Con el objetivo de identificar, sistematizar y analizar los alcances de estas iniciativas, se plantea la realización de este estudio; para ello se identificaron las distintas iniciativas en diferentes municipios del país, realizando entrevistas a informantes calificados en cada uno de los casos; esa información y la documentación recolectada, fue la base para el análisis de cada experiencia. Así, la metodología utilizada para la realización de este trabajo consistió en lo siguiente: a) consultas bibliográficas; b) averiguación con las organizaciones campesinas y sociales, y los municipios, sobre las iniciativas; c) recolección de documentos sobre las iniciativas identificadas; d) entrevistas personales sobre las experiencias identificadas, a los impulsores de las propuestas y a autoridades locales; e) descripción de las experiencias, comparación y análisis sobre los enfoques de las mismas. Asimismo, en este trabajo se incluye la revisión del marco legal en que se sustentan las iniciativas y los elementos centrales relacionados al ordenamiento territorial en el país. Igualmente, se incluyen datos sobre iniciativas similares de otros países de Latinoamérica, concretamente sobre las reservas campesinas de Colombia y de México.

Conforme a las informaciones recabadas y analizadas, en el proceso del estudio se encontró que a partir del año 2004 en el país se vienen planteando propuestas de normas locales (Resoluciones y Ordenanzas Municipales) por parte de las organizaciones campesinas y movimientos sociales para hacer frente al avasallamiento que causa el agronegocio. De estas propuestas, algunas fueron aprobadas y otras rechazadas por las autoridades; las aprobadas se encuentran en vigencia en la actualidad.

Del análisis realizado sobre estas iniciativas locales, se tiene como principal propósito proteger al sistema de producción campesino e indígena a través de la zonificación o territorialización de este modelo. Las propuestas no tienen el alcance de un Ordenamiento Territorial en sí, a excepción del municipio de La Pastora. Pero sí contienen elementos del Ordenamiento Territorial, como la zonificación del modelo productivo en el área rural.

Aparte de la intención de proteger está el propósito de fortalecer la producción indígena y campesina con el modelo orgánico y agroecológico, que actualmente carece de protección e impulso en el país, a pesar de ser el modelo que produce alimentos sanos para las personas del campo y la ciudad. Es sabido que el modelo de producción empresarial produce para la exportación y no para el consumo local.

Los argumentos jurídicos, económicos y socioambientales, son similares en todas las iniciativas. Algunos tienen alcance en todo el territorio distrital, como la prohibición de fumigación; otros, se reducen a la zonificación de la agricultura familiar en ciertas comunidades del distrito.

Sin ninguna duda, las iniciativas constituyen una propuesta jurídicopolítica interesante, que se puede considerar como un avance en la lucha de las organizaciones campesinas en defensa de sus territorios. Es una participación y una intervención más fuerte, ya que es más cercana a las comunidades que otras instancias del Estado.

No solo las organizaciones en nuestro país llevan adelante iniciativas de este tipo, también se encontraron experiencias significativas en Colombia y México; en todos los casos, son nuevas estrategias de las organizaciones para frenar el avance del extractivismo y garantizar las condiciones de vida y el disfrute de los derechos en sus territorios.

Finalmente, agradecemos a todas y cada una de las personas entrevistadas que, facilitándonos información, hicieron posible este estudio, así como también a la Fundación Rosa Luxemburgo por su constante apoyo solidario.