Además de los acuerdos internacionales que abren paso a la aplicación de medidas orientadas a proteger el medio ambiente, es preciso abrir caminos para la introducción efectiva de tales medidas en el tejido productivo de los países. En el marco de una economía de mercado, son las empresas y los consumidores los responsables últimos de los logros o los fracasos en esta batalla por salvar nuestro planeta. El aporte al empleo y a la generación de riqueza por parte de las empresas sigue siendo imprescindible para el bienestar social, aunque éste se vea contrarrestado a causa de los efectos ambientales derivados de la actividad económica. No obstante, con el fin de conseguir la sostenibilidad, las empresas van adoptando iniciativas para reconducir sus objetivos hacia otros ámbitos no económicos, como son el ecológico y el social, que actualmente se consideran valores inherentes a su gestión y que forman parte de la nueva «responsabilidad social» de las mismas. En este contexto global, abierto, sostenible y de creciente competencia es donde la empresa desempeña un doble papel. Por un lado, como motor de crecimiento, y por otro, como promotora de metas sociales que contribuyen a la reducción de la pobreza. Para ello es necesario cambiar hacia un consumo y una producción más sostenibles, establecer políticas e innovar no sólo para obtener más beneficio, sino para mejorar la calidad de vida.