¿Es factible que científicos y públicos logren comunicarse de manera inteligente?
¿Por qué es necesario que la gente, las autoridades políticas, los jueces, los medios de comunicación, puedan advertir la distancia que media entre sostener que “a la luz de la evidencia disponible el riesgo de un terremoto no se ha incrementado” y manifestar que “no existe riesgo alguno”?
¿Qué responsabilidad le cabe a la comunidad de expertos en ese proceso?
Éste es el tipo de preguntas que aborda este libro, que examina cuáles son las posibilidades de un diálogo razonable entre ciencia y sociedad, que tienda a favorecer la circulación y apropiación social del conocimiento.