¿Es la salud un derecho humano fundamental? ¿Se está respetando ese derecho? ¿Hay personas que no pueden acceder a los medicamentos que necesitan? ¿Cuánto cuesta fabricar un medicamento? ¿Por qué son los precios excesivos? ¿Cuánto cuesta realmente la investigación? ¿Por qué se conceden monopolios a las empresas a través de las patentes y la exclusividad de datos? ¿Es verdad que se gasta más en marketing y en beneficios que en investigación? ¿Tienen la misma causa los problemas de exceso y de acceso en relación con los medicamentos? ¿Se ha convertido el medicamento en un producto financiero? El actual modelo es eficiente para las empresas pero, ¿es eficiente para la sociedad? ¿Hay alternativas?. Si la salud es un derecho humano fundamental, indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos, el acceso a los medicamentos es parte de ese derecho, y por lo tanto estamos obligados a contestar a estas incómodas preguntas, aunque solo sea porque una de cada tres personas en el mundo no tienen acceso a los medicamentos que necesitan, y en España, Portugal y otros países de Unión Europea, millones de personas no pudieron comprar en 2015 los medicamentos que les habían recetado sus médicos en la sanidad pública. El precio excesivo de los medicamentos (muy por encima del coste de fabricación y de I+D), además de suponer una barrera importante al acceso, provoca que la calidad de otras prestaciones se vea mermada y que se ponga en riesgo la estabilidad del sistema sanitario público. En la raíz del problema está un modelo que prima más la visión del medicamento como producto financiero que como derecho de las personas. El equilibrio está roto. Además, este mismo modelo genera también el consumo innecesario de medicamentos y contribuye a un número muy elevado de reacciones adversas que causan muertes e importantes gastos. Estas y otras cuestiones se analizan con rigor en Medicamentos: ¿derecho humano o negocio?, donde los autores contestan a algunas de estas preguntas y animan a abrir un debate que ayude a promover la estabilidad de los sistemas sanitarios públicos y el acceso de todas las personas a los medicamentos necesarios.