Vivir en una sociedad sometida a múltiples e importantes riesgos supone la necesidad de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente frente a ellos.

Pero garantizar la seguridad de las personas y los bienes en la sociedad actual requiere, además de las actuaciones exigibles a las Administraciones Públicas, que los ciudadanos estén adecuadamente preparados para protegerse frente a riesgos y emergencias que puedan sufrir, por lo que las actuaciones públicas han de verse complementadas con las actuaciones de autoprotección.

La autoprotección puede considerarse como un derecho de los individuos a estar capacitados para autodefenderse, pero igualmente como el deber de asumir la responsabilidad de prevenir y mitigar posibles daños que se deriven de nuestras actuaciones, individual o colectivamente. Por lo tanto hay que entenderla, también, como una obligación para aquellos que generan riesgos.

Por otra parte, en la prevención de riesgos laborales también ha de aplicarse la autoprotección, pues el empresario está obligado a analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores.

La autoprotección supone, por tanto, un campo de actuación común entre la Protección Civil y la Prevención de Riesgos Laborales. En ambos casos es necesaria una evaluación de riesgos, la adopción de medidas preventivas y la definición de qué hacer en caso de emergencia. Todo ello nos lleva, en ambas materias, a la necesidad de elaborar Planes de Autoprotección.