La obra aborda de manera integral la apasionante temática de la responsabilidad patrimonial del Estado y de los funcionarios públicos. El autor procura demostrar que es posible (y, más aún, indispensable) formular un encuadre jurídico de dicha temática que supere tales diferencias, a partir de una cosmovisión integradora del derecho de daños que asegure a los damnificados una justa protección. Sostiene, conforme a esa perspectiva, que el derecho a la reparación del daño injustamente causado, que tiene basamento constitucional, no permite formular distinciones según el daño haya sido causado por el Estado o por un particular.

Se analiza con detenimiento toda la temática de la responsabilidad del Estado y del funcionario público. La primera es abordada primero con perspectiva general, para adentrarse luego en los aspectos especiales que ella puede presentar en función de las diversas tipologías concebibles.

La obra concluye con un análisis detenido de las reformas propuestas por el Anteproyecto de Código Civil de 2012 y por el Proyecto enviado al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo. En su epílogo, el autor defiende la idea conclusiva de que es necesario regresar al derecho civil para la mejor protección de débiles y vulnerables.