Son muchas las voces que hoy se alzan sosteniendo que la responsabilidad social no puede dejarse librada a las fuerzas del mercado, sino que debe estar alineada con un modelo de desarrollo con inclusión social. Y es por ello que se toma inevitable identificar la significatividad de esta noción para el estado, en tanto entelequia que tiene como finalidad el bien común de la ciudaddanía que lo crea y lo sustenta, no solamente desde el punto de vista económico sino también cultural y social.
Para avanzar en este sendero es preciso identificar claramente un paradigma válido para el siglo XXI, objetivo para lo cual no son suficientes las herramientas doctrinarias, técnicas o tecnológicas que puedan incorporarse en el estado, sino que resulta imprescindible revalorizar el peso de la ética en el accionar de los funcionarios públicos, considerando este concepto como sinónimo de hacer no solo lo legal sino, sobre todo, lo correcto, o dicho de una manera más amplia,ser un verdadero servidor público.
Aquí se relaciona intrínsecamente el concepto desarrollado por Michel Porter, que avanza sobre la responsabilidad social para proponer la creación de un valor compartido, poniendo al estado como eje de la cadena que moverá el círculo virtuoso.