Los debates recientes a propósito de las políticas de entrada y permanencia de extranjeros y los conflictos derivados de la presencia masiva de sin papeles en los países de la Europa comunitaria ponen en cuestión la posibilidad misma de mantener bajo control los flujos migratorios con destino a los países industrializados. Resulta cada vez más evidente que la regulación de esas corrientes de inmigrantes no sólo no es eficaz, sino que tampoco resulta satisfactoria por lo que hace al respecto a los derechos humanos. Cabría preguntarse qué resultaría más problemático, si abrir las fronteras a la inmigración o mantenerlas cerradas como hasta ahora.