Sociedad y delito no es una criminología de escritorio, como suelen llamar los anglosajones a las obras basadas en la repetición de teorías y de debates abstractos.
Es un análisis de la realidad criminal de nuestro país y de su cotejo con otros, y de la observación concreta sobre los fenómenos de la violencia y el delito, que son temas que cotidianamente preocupan a los habitantes.

Mucho se oye sobre el delito y la violencia, pero poco se investiga y se soluciona aún menos. La población no confía en las instituciones del sistema penal, y en muy buena medida le asiste la razón. Impunidad, incapacidad, inacción, ausencia de estrategias y vetustez de criterios y organizaciones, corrupción,son algunos de los resultados visibles de una sistema que no funciona y que reclama con urgencia un plan nacional integral de política criminal.

La población se queja y, a veces, se horroriza con lo que ocurre, es decir, con los resultados; pero presta poca o ninguna atención a las causas. En este camino, los hechos se repiten una y otra vez. Si bien con el delito nunca se podrá acabar, si podría ser reducido a límites que largamente se han superado.

En forma coloquial, muy clara y sencilla, el autor se introduce en todos los temas que rodean al delito y la violencia, y echa mano tanto a a estadísticas reales como a fenómenos globales que se repiten en nuestro país, como la cultura de la violencia, la crisis de la familia, la proliferación de armas, las drogas, el narcotráfico y la destrucción de las redes de contención social. Muchas de estas cuestiones no nos son ajenas. Están en nuestro entorno. Además, completa la obra describiendo acciones posibles en materia de prevención, en las cuales asigna un rol preponderante a la participación comunitaria. Sin duda, un texto destinado a todos los interesados en mejorar la calidad de vida de los habitantes a partir de la reducción de la criminalidad y de la violencia, a conocer sus causas inmediatas y mediatas, las falencias concretas del sistema penal, y a formar criterios propio en un campo en el que, como enseña Naciones Unidas, el problema, más que penal, es social.